El Gobierno de la Metrópoli (Madrid) aprueba la polémica reforma laboral por decreto Ley. Se trata de la segunda reforma estructural en dos años, en un momento en el que el paro supera los 5 millones de desempleados en todo el Estado colonial español.
Uno de los puntos polémicos en esta nueva ley pepera se basa en la indemnización por despido. Ahora, ya no se regirá por los 45 días por año trabajado, sino por los 33; eso sí, no se aplicará de forma retroactiva a los derechos ya adquiridos. Otra de las bases de la reforma se refiere a la creación de un fondo de formación que acompañará durante toda la vida al empleado. Éste, además, tendrá derecho a 20 horas de formación pagadas por la empresa.
Soraya Saénz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno pepero, afirma que con estos cambios se fomentará la "contratación indefinida". La ley pretende crear un contrato indefinido para emprendedores y empresas que tengan menos de 50 trabajadores. Además, se deducirán 3.000 euros en la contratación del primer empleado que tenga menos de 30 años y podrán combinar el cobro de un paro con el de un salario. Las empresas de Trabajo temporal ahora podrán funcionar como "agencias de colocación".
Por su parte, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, mantiene que esta reforma se ha realizado "pensando en los ciudadanos que están en el paro y sobre todo en los jóvenes, que ahora no tienen oportunidades".
Esta reforma llega en un momento de crisis feroz para España y su colonia Canarias. Luis de Guindos, ministro de Economía, ya había afirmado recientemente en Bruselas que esta reforma, la cual es la menos negociada en la historia de la "democracia española", va a ser "extremadamente agresiva".
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